El término contrato nos hace pensar en notarios, abogados y documentos muy complejos, pero lo cierto es que celebramos más contratos en la barra del bar que ante notario: cada consumición que pedimos es una compraventa. La mayoría de las relaciones comerciales necesitan de cierta flexibilidad (se basan en pactos orales o dan aspectos por sobreentendidos), pero esta debe ir acompañada de mecanismos que permitan determinar cuáles son las obligaciones de las partes por si surge alguna disputa. Para resolver esta y otras cuestiones, el derecho inglés distingue entre express terms e implied terms. Veamos qué son exactamente.
Índice
Express terms (obligaciones expresas)
Los express terms son los pactos que las partes han aceptado de forma expresa al celebrar el contrato. Cuando el contrato es escrito coinciden, más o menos, con las cláusulas que recoge el documento. En el resto de contratos, puede ser más complicado identificarlos.
A la hora de decidir si un determinado compromiso o manifestación precontractual debe incorporarse en el contrato como cláusula (es decir, como term y, en concreto, como express term), los tribunales tienen en cuenta los siguientes aspectos:
1. La importancia de la declaración
Cuando el compromiso precontractual de una parte haya sido determinante para que la otra parte suscriba el contrato, se considerará que se incorpora al contrato como una cláusula más.
2. La existencia de conocimientos específicos
Si le compramos una pieza de automóvil a un mecánico y nos asegura que sirve para lo que queremos, es muy probable que nos fiemos de sus conocimientos. Por eso, una garantía de este tipo sería considerada una cláusula del contrato (Dick Bentley Productions Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd (1965)). Si se la compramos a un particular, en cambio, lo más probable es que se considere una simple opinión y que no esté obligado a devolvernos el dinero en caso de que se equivoque de buena fe. Sus conocimientos no son superiores que los nuestros y su opinión no debería haber influido de forma determinante en nuestra decisión.
3. El tiempo transcurrido
Si ha transcurrido mucho tiempo entre el momento en que se realizó una afirmación y la firma del contrato, es menos probable que esta haya influido sobre las partes y, por tanto, no tendrá la consideración de cláusula.
4. La inclusión por escrito en el contrato
Cuando exista un contrato escrito, por regla general, el tribunal considerará que lo que no consta en él se ha dejado fuera porque no es lo suficientemente importante como para ser una cláusula.
La parol evidence rule (doctrina de inadmisión de pruebas extrínsecas)
Según la doctrina de la parol evidence rule, si existe un contrato escrito, deberá interpretarse que este incluye todos los pactos y, en consecuencia, no se podrán admitir pruebas externas al texto del contrato para modificar lo acordado (por ejemplo, para demostrar que había pactos adicionales, que no se quería estipular exactamente lo que consta en el contrato, etc.).
En la actualidad, se discute su alcance. Algunos autores defienden que no es más que una presunción de que el contrato incluye todo lo pactado, pero que admite prueba en contrario. La jurisprudencia también ha incorporado diversas excepciones a la doctrina, de modo que la ha flexibilizado bastante. El planteamiento original garantizaba una seguridad jurídica mayor (las partes sabían que el contrato escrito era lo que se iba a aplicar), pero las relaciones jurídicas son complejas y resultó ser demasiado estricto para el mundo real.
5. El énfasis
Aunque se trate de un contrato escrito y la cláusula esté incluida en él, el tribunal podría considerar que el pacto no es vinculante si no se ha hecho suficiente hincapié en él durante la negociación o la firma del contrato. Es un mecanismo que permite defender a determinados firmantes de la letra pequeña de los contratos.
Implied terms (obligaciones implícitas)
Como he explicado más arriba, los express terms son los pactos que las partes han acordado expresamente. Sin embargo, no todas las obligaciones de un contrato se derivan de los pactos que se han incluido en él ni de los compromisos que se puedan haber adquirido durante la negociación. Hay obligaciones que vienen impuestas por la ley o por los tribunales. En inglés, estas obligaciones de origen más o menos extracontractual reciben el nombre de implied terms.
1. Obligaciones implícitas impuestas por la legislación (terms implied by statute)
El legislador puede aprobar leyes que incorporen obligaciones o derechos en los contratos. El motivo concreto dependerá de la ley en cuestión, pero se trata de una medida frecuente en aquellos contextos en que el poder de negociación de las partes es muy dispar y se desea proteger al más desfavorecido para evitar abusos (contra consumidores, trabajadores, etc.).
2. Obligaciones implícitas impuestas por los usos o costumbres
En ocasiones los tribunales interpretan que el contrato debe incorporar obligaciones que no se han recogido en sus cláusulas, pero que estaban implícitas en el acuerdo por formar parte de costumbres locales (Hutton v Warren) o prácticas muy arraigadas en un sector profesional (Les Affreteurs Reunis Societe Anonyme v. Leopold Walford (London) Limited [1919] A.C. 801).
3. Obligaciones implícitas impuestas por los tribunales
Los tribunales también pueden incorporar obligaciones por otros motivos. Suele distinguirse entre «terms implied by (common) law» y «terms implied by fact»
Terms implied by law
Las obligaciones implícitas por cuestiones de derecho son aquellas que se incorporan siempre a un tipo concreto de contrato debido a su naturaleza. No tienen en cuenta la intención de las partes. Los tribunales consideran que existe algún interés digno de protección y aplican ese criterio a todos los contratos del mismo tipo. Sería el equivalente jurisprudencial de los «terms implied by statute» que he descrito más arriba. Tal vez por eso, se denominan también «terms implied by common law».
Terms implied by fact
En las obligaciones implícitas por cuestiones de hecho, en cambio, sí se intenta reconstruir cuál era la voluntad de las partes al firmar el contrato. En este tipo de obligaciones «implied by fact» se aplica un criterio mucho más restrictivo que en las del subapartado anterior. La jurisprudencia suele aplicar dos baremos:
1. Test of business necessity
Es posible inferir una obligación cuando es imprescindible para garantizar la eficacia de la transacción comercial respetando la intención de las partes (The Moorcock (1889) 14 PD 64).
2. Officious bystander test
También se puede incorporar una obligación cuando esta tenía que resultar obvia para las partes en el momento de firmar el contrato. El juez de Shirla v Southern Foundries definió el grado de obviedad de una forma bastante descriptiva:
For my part, I think that there is a test that may be at least as useful as such generalities. If I may quote from an essay which I wrote some years ago, I then said: «Prima facie that which in any contract is left to be implied and need not be expressed is something so obvious that it goes without saying; so that, if, while the parties were making their bargain, an officious bystander were to suggest some express provision for it in their agreement, they would testily suppress him with a common ‘Oh, of course!'»
MacKinnon LJ en Shirla v Southern Foundries Ltd [1939] 2 KB 206
En los últimos años ha habido cierto debate doctrinal sobre la vigencia de estos baremos. Algunos autores defendían que Attorney General of Belize v Belize Telecom Ltd [2009] UKPC 10 anticipaba la adopción de unos criterios más permisivos, pero, finalmente, el Tribunal Supremo británico ha confirmado el enfoque restrictivo que se acaba de exponer (Marks and Spencer v BNP Paribas [2015] UKSC 72).
Fuentes
McKendrick, Ewan. Contract Law. Text, Cases, and Materials (5.ª edición). Oxford: Oxford University Press, 2012.
Turner, Chris. Unlocking Contract Law (3.ª edición). Londres: Hodder Education, 2013.
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